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Diario del Alto Aragón, 9-VII-2002

Satisfacción en Artieda y "Río Aragón"

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Luisa Pueyo. JACA.- El Ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón expresan su satisfacción por esta noticia, que es “la confirmación de la ilegalidad y la corrupción que han rodeado el proyecto de recrecimiento de Yesa”, cuyos “intereses privados muy concretos empiezan a desvelarse”. El alcalde, Luis Solana, explicó que el Ayuntamiento, como parte, todavía no  ha recibido el informe de la Fiscalía. “Esperamos a conocerlo en su integridad para ver qué diligencias propone, aparte de investigar el patrimonio de Escartín y Sancho”. “Cuando interpusimos la querella criminal, entendíamos que las irregularidades en este trámite lo hacían ilegal. Esto explica porqué se hizo mal y que había unos intereses muy concretos, más de lo que todos pensábamos”. Solana destacó que dos afectados sigan en cargos de la Administración central, Blanco y Fernández.

Añadió que “estamos aún en la fase de instrucción que llevará a la apertura de juicio oral”, pero el escrito de la Fiscalía “es contundente y demoledor y pone sobre la mesa una serie de hechos que deben estar perfectamente contrastados. Es de un alcance tal que no cabe duda de que el juicio invalidará todas las resoluciones y la tramitación se declarará nula”. También esto  muestra “que estos proyectos del Pacto del Agua y el PHN  no tienen como finalidad resolver problemas en Aragón o  ampliar regadíos, sino defender intereses concretos, empezando por los de las constructoras y terminando en Levante, con los especuladores”. Río Aragón añadió que “estamos convencidos de que, de manera imparable, ha comenzado la cuenta atrás de la ilegalización, paralización y descarte definitivo de este proyecto y, por tanto, del trasvase”, y confía en que quienes han actuado al margen de la ley, paguen por ello.


El País, 9-VII-2002

Matas y Cascos apoyan a sus altos cargos acusados en el 'caso Yesa'
 

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EL PAÍS | Madrid

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y el de Medio Ambiente, Jaume Matas, mostraron ayer su total apoyo y confianza en la gestión de los dos altos cargos vinculados a la la adjudicación de las obras para ampliar el embalse de Yesa (Zaragoza), una obra de 150 millones de euros. La Fiscalía de Madrid ha denunciado irregularidades en esta obra que, supuestamente, afectan tanto al secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, como al secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández.

Medio Ambiente sostiene que la adjudicación del pantano de Yesa se ha realizado conforme a la legalidad ya que así lo avala un informe del abogado del Estado, y destaca que el recrecimiento de Yesa está incluido en el Pacto del Agua de Aragón y declarado de interés general, ya que con él se pretende abastecer de agua a la ciudad de Zaragoza, con más de 800.000 habitantes.

Álvarez Cascos resaltó el 'alto sentido ético' de Benigno Blanco, para quien la fiscalía también pide ocho años de cárcel por su supuesta implicación en un delito de riesgo y falsedad de documento público en la construcción de la presa de Santaliestra (Huesca). 'No tengo la menor duda de que esas acusaciones son infundadas', dijo el titular de Fomento.

Por el contrario, el Ayuntamiento de Artieda (localidad de Zaragoza, con 110 habitantes, que verá anegadas el 50% de sus tierras de cultivo) se ha mostrado muy satisfecho con la iniciativa de la fiscalía. 'Cuando nosotros denunciamos en abril de 2000 ese proyecto creíamos que era una obra injusta, innecesaria e ilegal. Por lo que conocemos ahora es también una obra salpicada por la corrupción', manifestó el alcalde, Luis Solana.

Mientras, Izquierda Unida, que denunció en su día las supuestas irregularidades, se mostró muy satisfecha de la decisión porque el Plan Hidrológico pasa así al 'banquillo de los acusados'. Por ello, IU pide la paralización de todas las obras del plan. Ecologistas en Acción también aplaude la labor de la fiscalía. 'De todos es conocido que existen numerosas obras hidráulicas que no tienen ninguna utilidad hidrológica'.


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Heraldo de Aragón, 9-VII-2002
La Fiscalía denuncia irregularidades, intereses privados e incompatibilidades en Yesa
Los problemas judiciales de Yesa se agravan. A la querella por prevaricación que el Ayuntamiento de Artieda presentó en su día contra tres altos cargos del Gobierno se suman ahora las denuncias del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, contra otros tres, algunos de los cuales mantienen responsabilidades ministeriales.
C. Villanova/J. Benito. Zaragoza
El fiscal ha denunciado que el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Tomás Sancho, y el ex director General de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, tenían intereses privados incompatibles cuando tomaron decisiones administrativas sobre el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Igualmente, implica en las presuntas irregularidades sobre Yesa al anterior y al actual secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco y Pascual Fernández.

Así lo asegura en un contundente informe al Juzgado de instrucción 19 de Madrid, dado a conocer ayer por el diario "El País" y la revista "Interviú", que tiene su origen en las diligencias por la querella presentada por el Ayuntamiento de Artieda contra Escartín, el ex secretario general técnico de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos, y la ex directora de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio, Dolores Carrillo, por presunta prevaricación.

El fiscal afirma en su escrito que, según la propia declaración de Dolores Carrillo, Escartín y Sancho "la presionan" a partir de junio de 1998 para que "apruebe rápidamente y sin restricciones" el recrecimiento. El proyecto, de acuerdo al texto del fiscal, había tenido previamente diversos informes técnicos desfavorables, confeccionados por ingenieros del mismo Ministerio de Medio Ambiente, y requería un nuevo estudio de impacto ambiental. El Ministerio Público asevera que las presiones sobre Carrillo para lograr una tramitación urgente respondían a "intereses privados en el proyecto" y que llevaron a la directora a redactar y firmar "sin informe técnico alguno, un remedo de declaración de Impacto Ambiental".

Siempre según Emilio Valerio, Tomás Sancho, como presidente de la CHE y de Acesa, adjudicó en julio de 1998 a la constructora B&S Ingeniería (Barbany y Sancho S. L.), de la que dice que era apoderado, la realización de un proyecto "segregado indebidamente del de recrecimiento de Yesa" para la conducción de agua desde el embalse hasta Zaragoza. Por lo que respecta a Escartín, el fiscal dice que "había pertenecido a los consejos de administración del grupo ERZ-ENHER-ENDESA, que opta en aquel año de 1998 a la obtención de la citada concesión de la conducción y del aprovechamiento hidroeléctrico del embalse".

La denuncia del fiscal implica también a Benigno Blanco como superior de Escartín. El ahora secretario de Estado de Infraestructuras presidía entonces la secretaría de Aguas y Costas. Además, el actual titular de ese puesto, Pascual Fernández, es denunciado en el escrito por convalidar la adjudicación del proyecto de recrecimiento, realizada por Carlos Escartín cuando "no tenía competencia alguna" para ello y mediante un proceso plagado de "irregularidades que tienen por objeto el conseguir la licitación a favor de una empresa determinada". El fiscal afirma que Escartín manipuló el tramite de adjudicación para que resultara beneficiada la empresa ACS, en la que fue fichado meses después como director de Contratación.

La Fiscalía, basándose en este duro informe, solicita diversa documentación administrativa sobre Yesa y el proyecto de traída de aguas a Zaragoza, requiere documentos contables de las empresas B&S Ingeniería y Euroestudios y pide que se investigue el patrimonio de Escartín y Sancho, al igual que el de los ingenieros Zueco, Uceda, Núñez y Barbany.

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El Periódico de Aragón, 9-VII-2002
REACCIONES A LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El pueblo ampliará la querella al 'número dos' de Medio Ambiente

 
El alcalde de Artieda afirma que se demuestra que el proyecto es ilegal
Satisfacción de IU y CHA; y el PSOE denuncia "la cara dura" del Gobierno

C. B. H. / J. A. P.

ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Artieda anunció ayer su disposición a ampliar la querella al actual secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, y al de Fomento, Benigno Blanco. El documento del fiscal viene a confirmar "la ilegalidad y la corrupción que ha rodeado el proyecto", afirmó el alcalde de Artieda, Luis Solana, y el presidente de la Asociación Río Aragón, Alfredo Solano.

Para Solana, es "muy gratificante comprobar que lo que nosotros teníamos claro ha sido ratificado por los tribunales con un informe del fiscal muy duro y rotundo", algo que "nos hace creer que la confianza que siempre hemos tenido sea plena". En este mismo sentido se manifestó el presidente de Río Aragón, quien indicó que es "la primera vez que la Fiscalía confirma lo que nosotros veníamos diciendo", al tiempo que mostró su deseo "de que se den pasos para la paralización del proyecto".

El secretario de Organización del PSOE aragonés, Víctor Morlán, consideró "muy grave" el escrito del fiscal, que, a su juicio, "pone en evidencia que el PP adjudica sin transparencia y con cara dura a grupos empresariales afines". Para el presidente de CHA, el informe fiscal pone de manifiesto que "el proyecto del recrecimiento de Yesa está muy condicionado por las constructoras y las hidroeléctricas, con la connivencia de los altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente". También IU expresó su satisfacción por el paso dado por la Fiscalía de Madrid, que confirma que las posibles irregularidades denunciadas por la coalición "se han visto confirmadas".

Entre tanto, el PP insistió en la necesidad de que todas las obras incluidas en el Pacto del Agua sean ejecutadas. El secretario regional del PP, Fernando Martín, subrayó que su partido acata las sentencias que dicten los tribunales en relación a una obra hidráulica.

 

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL SOBRE UNA DE LAS OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS DEL PACTO DEL AGUA
El fiscal ve indicios de corrupción en las obras para recrecer Yesa

 
La Fiscalía afirma que "intereses privados" de altos cargos aceleraron el proyecto y pide el registro policial
Sancho y Escartín, dos de los querellados, se defienden y el Gobierno central garantiza la legalidad

EL PERIÓDICO. MADRID / ZARAGOZA

La Fiscalía de Madrid ha detectado indicios de presunta corrupción en la tramitación del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa por parte de algunos altos cargos y ex directores generales del Ministerio de Medio Ambiente. El representante del ministerio público ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un durísimo y pormenorizado informe de 36 folios en el que desvela la presunta relación de los querellados con empresas privadas vinculadas a la ejecución de esta gran obra hidráulica en el Pirineo. En su escrito, el fiscal advierte que la construcción del pantano se aceleró por los "intereses privados" de varios de los denunciados y, entre otras actuaciones, reclama "con carácter inmediato" el registro policial de la sede en Zaragoza de una sociedad fundada por el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho.

En el documento el fiscal también solicita que la policía investigue el patrimonio de Sancho y de los restantes afectados por las presuntas irregularidades: el secretario de Estado de Fomento y exnúmero dos de Medio Ambiente, Benigno Blanco, el de Aguas y Costas, Pascual Fernández, el exdirector general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, y la exresponsable de Evaluación e Impacto Ambiental del ministerio, Dolores Carrillo.

DECLARACIONES 

El informe, publicado ayer por Interviú y El País , recoge la declaraciones efectuadas al juez que instruye las diligencias por los querellados y los documentos aportados a la investigación judicial abierta a raíz de una querella del Ayuntamiento de Artieda, que recibió ayer la noticia con "enorme alegría", lo mismo que CHA e IU. El PSOE, por su parte, calificó de "muy grave" el informe, ya que, de confirmarse las acusaciones, se pondría de manifiesto la falta de transparencia del PP en la adjudicación de obras a "grupos afines". El consejero aragonés de Medio Ambiente y dirigente del PAR, Víctor Longás, prefirió no pronunciarse sobre el informe del fiscal, aunque hizo hincapié en denunciar que la actuación "chapucera" del Gobierno central pone en riesgo la ejecución de las obras del Pacto del Agua.

Entre tanto, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró ayer que el proceso de adjudicación de las obras se ajustó a la legislación vigente. También dos de los implicados por el fiscal, Sancho y Escartín, defendieron la legalidad de su actuación y negaron haberse enriquecido con este proceso de adjudicación.

El informe del fiscal, fechado en Madrid el 14 de junio, es demoledor al referirse a la actuación de los altos cargos del Gobierno central. Así, entre las numerosas irregularidades detectadas, el fiscal denuncia manipulación de documentos; ocultación de expedientes al juzgado, incumplimiento de la ley de incompatibilidades, vulneración de la ley, irregularidades para favorecer la licitación de "una empresa determinada". Incluso, el fiscal advierte que Escartín y Sancho "engrosaron el presupuesto del proyecto con más de 7.000 millones de pesetas para medidas ambientales en su práctica totalidad inexistentes". La adjudicación de la obra fue a la UTE formada por ACS, junto a FCC y Ferrovial, por 48.000 millones de pesetas.

La fiscalía considera que los "intereses privados" de Escartín y Sancho aceleraron en 1998 la tramitación del embalse pese a la existencia de un informe oficial en 1994 que se oponía al recrecimiento por sus enormes afecciones medioambientales y graves problemas de seguridad. Según el texto de la fiscalía, en julio de 1998 Sancho "se adjudicó a sí mismo" --a la consultora B&S SL de la que era apoderado el proyecto de conducción de agua a Zaragoza. Sancho argumenta que en 1996 se desvinculó de la sociedad.

 

QUIÉN ES QUIÉN
Secretarios de Estado y ex altos cargos del ministerio

Benigno Blanco. Actual secretario de Estado de Fomento y entonces secretario de Estado de Aguas y Costas y apoderado de Iberdrola --asociada con Endesa-- y consejero de la misma Endesa.

Pascual Fernández. Actual secretario de Estado de Aguas y Costas, que convalidó irregularmente, según la Fiscalía, las actuaciones de Carlos Escartín.

Carlos Escartín. Entonces director general de Obras Hidráulicas, pero que con anterioridad había sido consejero de administración de Empresa Hidroeléctrica del Ribagorzana, filial de Endesa. El fiscal ha pedido a la Policía que investigue su patrimonio y figura ya como imputado.

Dolores Carrillo. Entonces directora general de Evaluación de Impacto Ambiental, de la que el fiscal dice que se vio "presionada" por Tomás Sancho y Carlos Escartín para alzar la cota de la presa, a sabiendas de las anomalías que había en el proyecto. Ya figura como imputada.

Tomás Sancho. Entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Para la Fiscalía habría acelerado la tramitación del embalse por encima de la Ley de Contratos de la Administración Pública y de la Ley de Incompatibilidades. Los intereses privados a los que alude el fiscal estarían relacionados con B&S Ingeniería, una sociedad fundada por Sancho, un compañero ingeniero y sus respectivas esposas, a la que, a través de Acesa le fue adjudicado un proyecto para una conducción de agua entre Yesa y Zaragoza por 234 millones de pesetas. A este respecto, Sancho siempre ha mantenido que entonces ya había abandonado la sociedad. El fiscal ha pedido que la Policía investigue su patrimonio.

Carlos Vázquez Cobos. Ex inspector de Hacienda en la Agencia Tributaria y entonces secretario general técnico de Medio Ambiente, al que le fue encargado por Carrillo un "informe jurídico", en lugar de al servicio jurídico del Estado, como es preceptivo. Reconoce que recibió llamadas de Escartín y Sancho para que emitiera un informe "favorable". Ya está imputado.

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Otras acciones judiciales

Asociación Río Aragón-COAGRET