El ministerio público lanza durísimas imputaciones contra los altos cargos relacionados con Yesa. Por su interés, EL PERIÓDICO reproduce un amplio resumen del escrito

EL PERIÓDICO. ZARAGOZA

Al Juzgado de Instrucción N.º 19 de Madrid.

El Fiscal en las Diligencias Previas N.º  2965/00 y en el trámite de informe interesado, dice:

La documental incorporada a la presente causa, así como las declaraciones efectuadas, permite reconstruir los hechos concurrentes en el proceso administrativo de decisión.

El incumplimiento de los obligados deberes de conocimiento, y la totalidad del proyecto será una constante en la tramitación.

ANTECEDENTES

2 b) Con fecha 7 de julio de 1994 (folio 144 a 146) el excelentísimo Sr. Director General de Política Ambiental, don José Ramón González Lastra, dicta la resolución que a continuación se transcribe y cuyo contenido no puede ser más contundente.

El citado Estudio de Impacto Ambiental presenta determinadas carencias y tratamiento incompleto o inadecuado de elementos que deben considerarse esenciales. En ningún momento se hace la menos alusión a cómo los efectos ambientales han sido considerados en la selección de la alternativa más conveniente, que por lo tanto se determinan sin la consideración de tales efectos.

La cartografía escala 1:50.000 es inadecuada. El citado Estudio no resulta tampoco aceptable por la inconcreción e indefinición de las medidas correctoras. Por último, la carencia de medidas correctoras concretas hace que el programa de vigilancia sea también inoperante, por lo cual debe ser reelaborado totalmente, ha de revisarse en profundidad la obra proyectada, lo que permite completar adecuadamente en paralelo al Estudio de Impacto Ambiental y reexaminarlo.

Esta Dirección General entiende en consecuencia que el Estudio de Impacto Ambiental debe ser modificado en profundidad.

2 c) El propio ingeniero Juan Luis Uceda, autor del Proyecto señalaba que en el Estudio Ambiental del mismo un conjunto de circunstancias que son objetivamente de una enorme gravedad:

La elevación del nivel de las aguas como consecuencia del recrecimiento, supone un alto riesgo de deslizamientos de las laderas que rodean el vaso.

En consecuencia, resulta ineludible la realización de un estudio, lo suficientemente exhaustivo y cualificado, para certificar con rotundidad que el riesgo sísmico queda por debajo del umbral admitido, existe un riesgo potencial de deslizamiento.

PRIMERA ACUSACIÓN

Era por tanto obvio en este como en otros puntos, el rechazo del órgano ambiental al proyecto, siendo además en esta circunstancia de las deficiencias estructurales, aún más grave. Tan contundente o más incluso que el propio autor del Proyecto era el informe del Área de Tecnología y Control y Estructuras, emitido con fecha noviembre de 1993. La misma práctica despreciativa del derecho de la persona al conocimiento en la información pública, hurtó aquel Informe al conocimiento general, impidiendo la incorporación del mismo al trámite de información pública, el Informe del Área de Tecnología refería:

Las características litológicas de la cerrada plantearán serias dificultades durante la ejecución de las excavaciones. La margen derecha sufrió procesos de desestabilización durante las excavaciones para la ubicación de la actual presa y durante la primera puesta en carga; los movimientos se detectaron hasta unos cuarenta metros ladera arriba, siendo necesario realizar una importante labor de compensación de masas, entre cabeza y pie del talud.

El estado de la situación no podía ser más nítido: había que efectuar un estudio en condiciones en un conjunto de temas importantísimos tanto ambientales, como en cuanto a la protección del patrimonio, como con relación a la seguridad.

2 d) El 23 de noviembre de 1995, el entonces Director General de Obras Hidráulicas D. Adrián Baltanás manifestaba que: Se está procediendo a aprobar el Pliego de Bases para contratar los servicios técnicos que permitan hacer un nuevo estudio más completo del impacto ambiental.

El segundo Estudio de Impacto Ambiental no incluye el estudio ambiental de la zona de regadío, de las variantes de las carreteras afectadas ni de las canteras. La necesidad de reelaborar completamente el Estudio de Impacto fue asumida totalmente por el querellado Carlos Escartín por Resolución de 22 de diciembre de 1998.

2 e) Lo que ocurre en meses de junio de 1998 a marzo de 1999 supera cualquier valoración jurídica de la conducta funcionaria. A tenor de la propia declaración de la Directora General de Evaluación Ambiental. Doña Dolores Carrillo Dorado, en aquellas fechas mantuvo a petición de los mismos numerosas reuniones con don Carlos Escartín, Director General de Obras Hidráulicas y don Tomás Sancho, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En las mismas, aquellos le presionan para que apruebe rápidamente y sin restricciones el Proyecto, desatendiendo tanto lo que resultaba del Expediente de Impacto Ambiental, como los propios actos administrativos de la Dirección General de Obras Hidráulicas.

EL PAPEL DE TOMÁS SANCHO

El indicado Tomás Sancho ocupaba desde el año 1996 el cargo de Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro sin que se hubiera interesado jamás hasta aquella fecha de 1998 por el Embalse o por los intereses de los regantes, el señor Escartín tampoco hasta aquellas fechas había manifestado interés alguno en una tramitación más urgente del Proyecto. El sorprendente cambio de actitud que se produce en ambos en el segundo semestre de 1998, se debe a sus intereses privados en el Proyecto: en el caso de Sancho, en julio de 1998, había adjudicado a la constructora Barbany y Sancho, S.L. de la que era, en aquellas fechas de la adjudicación, apoderado, es decir, se había adjudicado a sí mismo la realización de un proyecto para la conducción del agua derivada del recrecimiento del embalse hasta las cercanías de Zaragoza, proyecto cuya virtualidad dependía directamente de la aprobación del proyecto del embalse.

El señor Escartín había pertenecido a los Consejos de Administración del Grupo ERZ/ENHER/ENDESA que opta en aquel año de 1998 a la obtención de la citada concesión de la conducción y del aprovechamiento hidroeléctrico del embalse, constará enseguida también su vinculación a la compañía adjudicatoria de la construcción del embalse (Grupo ACS).

A partir de junio de 1998 todo valía para los intereses privados de aquellos; ante la presión que recibía la querellada Dolores Carrillo de Escartín y Sancho para realizar algo ilegal, la indicada les pidió con objeto de disimular aquella tergiversación de los contenidos del expediente administrativo, algún escrito que justificara la sorprendente decisión que había que tomar.

Para ello, aporta el propio Sancho a la Directora General de Evaluación del Impacto un remedo de informe sin firma alguna, ni sello de entrada o de salida, en el que esencialmente se destaca la necesidad, cada vez más acuciante, del recrecimiento de Yesa para la satisfacción urgente de los requerimientos de agua para los regantes.

UNA FUNCIONARIA CLAVE

La imputada, Dolores Carrillo, accede a darle el final que le piden al Expediente; a tenor de su declaración apartó del Expediente a los Técnicos que lo tramitaban y en orden a la asombrosa posibilidad de firmar lo contrario de lo que resulta del expediente así como la Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, interesa literalmente "un informe jurídico para proceder conforme a derecho", no ya del Servicio Jurídico del Estado, sino del de don Carlos Vázquez Cobos, Secretario General Técnico del Ministerio. Resulta sorprendente aquella elección para realizar un informe jurídico de tramitación, si se tiene en cuenta, que en la tramitación del expediente la totalidad de los informes se han interesado siempre del Servicio Jurídico del Estado, existente en el Ministerio. Aún es más llamativo cuando el mismo Secretario General Técnico reconoce en su declaración que su cualificación y experiencia profesional deriva de su anterior puesto de Inspector de Hacienda en la Agencia Tributaria, siendo por su puesto ajeno a la problemática técnica concreta de la Declaración de Impacto y cuando reconoce también no haber intervenido en la tramitación práctica de ninguna. El citado, emitió informe sin ni siquiera consultar el Expediente (según manifiesta en su propia declaración), informe que literalmente dice que: "En el estado de tramitación del referido expediente era conforme a derecho dictar una Declaración de carácter favorable a la realización del Proyecto.

La Directora General de Evaluación de Impacto, no consiguiendo que ningún técnico del Área de Impacto, avalara aquella transformación ilegal de la realidad de lo contenido en el expediente y como sin informe técnico alguno redacta y firma un remedo de Declaración de Impacto Ambiental que, desde luego, permite la construcción del embalse; consciente de la ilegalidad que está realizando cuida de no emplear en la parte dispositiva de la resolución los términos de la declaración afirmativa o negativa que son los únicos que pueden ser utilizados. Por el contrario, para disimular "el favor" que se le ha pedido utiliza unos términos no previstos en aquella legislación.

Debe también repararse en otro extremo esencial del incumplimiento de la normativa. Los Técnicos adscritos al Expediente insistían en que las medidas correctoras debían describirse con precisión e incluirse su dotación presupuestaria concreta; el remedo de Declaración en flagrante vulneración de la Legislación Ambiental no establece medida correctora concreta alguna.

En junio de 1998, se dictan sendos actos administrativos que son claves para el proyecto y que evidencian los intereses privados de las autoridades intervinientes. Por un lado, el Convenio de Gestión Directa de la Construcción de Obras Hidráulicas, firmado por Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas y Costas, y Tomás Sancho, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por el otro, el proyecto aprobado y adjudicado también por Tomás Sancho el 22 de julio del 98, sobre Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno . A pesar de que estas obras aprueban un presupuesto de 131.000 millones de pesetas, no se ha remitido documentación alguna de los ministros por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

El contenido de estos dos expedientes no sólo se oculta al juzgado. La aprobación y tramitación de los mismos se ocultó también al órgano ambiental y ello a pesar de que era bien conocida la exigencia legal y los requerimientos de las autoridades ambientales. Asimismo, se segregan nuevas partes esenciales de aquel expediente con el objeto de forzar una aprobación de hecho del proyecto y de que no sean advertidas las graves incoherencias de la nueva definición del mismo.

PRIVATIZACION DUDOSA

Aquella privatización resultaba ya en su inicio enormemente indiciaria de los verdaderos intereses de los acusador por cuanto, en su afán de evitar todo control público, transgrede la legalidad en puntos clave. Los artículos Delegación de competencias y Encomienda de gestión expresamente prohíben la delegación de las competencias que deberán ejercitarse por las administraciones públicas en sujeción al Derecho Administrativo, a favor de las personas físicas o jurídicas sometidas a derecho privado. Resulta también llamativo que la obligación de contratar conforme a los requisitos de publicidad, concurrencia e incompatibilidades se refieran únicamente a contratos de obras, no así a los de estudios, asistencias técnicas y de proyectos.

La explicación de estas sorprendentes cláusulas del convenio, por las que se excluye a los proyectos de los controles de la contratación pública, está en dos proyectos íntimamente vinculados al recrecimiento del Embalse de Yesa.

El propio convenio adjudica y financia directamente la construcción de tres miniembalses, conforme a un proyecto que no ha sido sometido nunca a control público y por un importe de 6.200 millones de pesetas. Los citados proyectos habían sido realizados en el periodo anterior a su nombramiento como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la Consultora B&S y firmados por el propio Tomás Sancho. Tras acceder éste a la presidencia de la Confederación, de acuerdo con el secretario de Estado, procede a la aprobación y financiación de aquellos embalses de los que su consultora ha efectuado el proyecto técnico. Será además su consultora la que lleve a cabo la dirección de la obra, sin problema alguno de abstención y en violación de la Ley 12/95 de Incompatibilidades.

Los 6.200 millones de gasto público no tienen no proceso de información pública no tramitación ambiental hidráulica, ni control concreto del gasto alguno.

No es esta la única actuación en la que interviene como beneficiario Tomás Sancho. Con fecha 22 de julio de 1998, el citado Tomás Sancho adjudica la realización del citado proyecto, por un montante de 234.859.718 pesetas, a la UTE, compuesta por las empresas Euroestudios, B&S, SL (Barbany & Sancho Ingenieros), sociedad la última constituida años antes por los ingenieros Tomás Sancho y Alfonso Barbany y sus esposas, de las que, en la fecha de la adjudicación, el citado presidente es apoderado.

A tenor de la información aportada al juzgado por la Brigada Central Económica, en aquella fecha, el apoderado de la mercantil B&S es el propio Sancho.

El proyecto técnico en cuestión será realizado y firmado en el mes de marzo de 1999 por el ingeniero Alfonso Barbany, incumpliendo también la legislación de incompatibilidades --porque consta su intervención profesional-- como funcionario público e ingeniero de la Confederación en el proyecto de Embalse de Yesa.

Las circunstancias de todas estas adjudicaciones no tienen únicamente que ver con el interés privado de Tomás Sancho. Con anterioridad a su designación como director general de Obras Hidráulicas, el señor Escartín había sido integrante, desde el 18 de julio de 1994 y hasta el 12 de noviembre de 1996, del consejo de administración del Grupo Endesa, en la mercantil Enher, mercantil que también había participado en los trabajos preparatorios del Embalse de Yesa.

INTERESES HIDROELÉCTRICOS

En el periodo comprendido del 2 de agosto de 1996 al 3 de abril de 1998, Benigno Blanco era miembro del consejo de administración de Endesa. ERZ anunciaba públicamente en la página web de la entidad su interés y buenas expectativas para la adjudicación de la citada obra. También Tomás Sancho estaba vinculado a la empresa de electricidad. Los proyectos hidroeléctricos de las Bardenas habían sido realizados por el citado Tomás Sancho. En 1995, su consultora B&S se convierte en la ejecutora de los proyectos hidroeléctricos conjuntos de la Comunidad General de Regantes de Bardenas y ERZ.

Las primeras irregularidades se advierten entre el 30 de marzo de 1999, fecha en la que la directora general de Evaluación del Impacto cierra la tramitación ambiental del proyecto, dictando aquel remedo de Declaración de Impacto Ambiental Incondicional, y el 4 de junio del 99, fecha en la que Escartín convocará un ilegal concurso para la redacción del Proyecto y Adjudicación de la Obra del Recrecimiento.

7.000 MILLONES SIN DESTINO

Los trámites permiten determinar los intereses privados de los intervinientes. Dotación de 7.000 millones adicionales, sin destinos justificado alguno y sin intervención o control de otra autoridad que ellos mismos, engrosan el presupuesto del proyecto para "medidas ambientales", en su práctica totalidad inexistentes.

Existe una omisión de los preceptivos estudios de seguridad, en la previsión de un reformado que ampliará sensiblemente para la constructora el presupuesto del proyecto. Asimismo, para favorecer los intereses de la empresa constructora y concesionaria de la explotación hidroeléctrica del embalse, el proyecto no contiene la obligada adecuación de la cota del embalse.

5.- 4 de junio de 1999. Carlos Escartín resuelve iniciar el expediente de contratación por proyecto y obra, por un importe de 23.000 millones de pesetas.

MAS DIFÍCIL TODAVÍA

Si todo el expediente anterior está plagado de irregularidades el que se inicie con esa Resolución lo supera aún todavía más, irregularidades que tienen por objeto el conseguir la licitación a favor de una empresa determinada.

5 a) El señor Escartín no tenía competencia alguna para iniciar expediente de contratación o licitación alguno. Una vez adjudicado el concurso, cuando corresponde a la Intervención Delegada, la fiscalización del Procedimiento aquella se niega a la aprobación del gasto indicando la ausencia de competencia objetiva del proponente. Se tendrá que proceder por el Secretario de Estado de Aguas y Costas, don Pascual Fernández en una Resolución sin fecha, de diciembre del 2000 a un exótico trámite de convalidación automática del vicio de nulidad que afectaba a todo el procedimiento de contratación.

5 c) Se inicia el expediente de contratación sobre un proyecto que no está completo, particularmente en cuanto a la esencial cuestión de la seguridad prevista en el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses.

5 d) A las irregularidades formales de la convocatoria de la licitación se debe añadir la arbitralidad de los criterios técnicos y económicos por los que deberá regirse el Concurso, establecidos en el Pliego de Bases y Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por la consultora privada Euroestudios, aprobado por D. Benigno Blanco.

El Informe del la Intervención Delegada resalta que el Pliego de Bases está redactado de tal manera que no existe garantía alguna de objetividad en orden a la resolución del Concurso.

La elección del Equipo Técnico que debía valorar las ofertas no fue efectuada por la Mesa de Contratación; fue efectuada por el Sr. Escartín que nombró a los Proyectistas de la obra Uceda y Núñez como "Equipo Técnico", desarrollando estos su trabajo bajo en control y conocimiento directo de aquel. D. Antonio Alcaraz Calvo subordinado en aquellas fechas del Sr. Escartín, manifiesta haber elegido a cinco funcionarios para redacción del Informe Técnico, todos ellos colaboradoras del Sr. Escartín, mención de la que no existe referencia alguna en el Expediente.

INFORME MANIPULADO

5 e) El Informe Técnico es manipulado por el Sr. Escartín con objeto de asegurar la adjudicación a la empresa ACS de la obra. El Sr. Escartín añade al citado Informe Técnico cuatro folios que incluyen la asombrosa constatación de que la oferta más económica del concurso, que es la del grupo OHL, recibe una puntuación (en su valoración estrictamente económica) mucho menor que la oferta de ACS.

5 f) Días antes de la resolución del concurso, D. Juan Manuel Villar, denuncia en carta certificada dirigida a la Excma. Sra. Ministra, las irregularidades que se están produciendo en el concurso:

CARTA A LA MINISTRA

Respetada y querida Ministra:

He intentado en estos últimos días, sin conseguirlo, visitarte para hacer conocer la preocupación que ahora te transmito con estas líneas. Se trata del concurso para la obra de recrecimiento de la Presa de Yesa.

He tenido noticias, quizá infundadas pero muy preocupantes de la inminente adjudicación de esta obra a una UTE formada por tres empresas cuyo proyecto de hecho está redactado por la empresa Euroestudios, que participó en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato. Este dato, según me confirmó el Director General es conocido por los servicios técnicos del Ministerio.

Mi grave preocupación proviene de la lectura del apartado 3, artículo 53 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que sin duda para evitar posibles corrupciones, indica textualmente:

"En los contratos sometidos a esta Ley, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato priviliegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras."

Naturalmente, si la adjudicación recayera en la citada UTE sería normal que se impuganara dicha adjudicación, con el consiguiente daño para el prestigio de la Administración.

Estoy seguro de que comprenderás que me sienta en la obligación de trasladarte mi preocupación; sin embargo, tengo la certeza de que tu buen criterio decidirá de la manera más correcta. Como siempre quedo a tu entera disposición en el deseo de prestarle mi mejor y más responsable servicio.

DUDAS DEL ABOGADO

Con relación a la denuncia referida, el Abogado de Estado Jefe del Servicio, a requerimiento del Sr. Escartín, emite un informe indicando que si los datos referidos en la denuncia en cuanto a la participación de Euroestudios se confirmasen, se estaría cometiendo un evidente fraude de Ley y poco después el Sr. Escartín, da carpetazo al asunto.

5 h) Con fecha 11-7-00, se da inicio a los trámites de adjudicación, esto es el 31 de agosto del 2000, el Sr. Escartín se incorpora a la empresa adjudicataria ACS en el puesto de nueva creación de Director de Contratación II, con un contrato de duración indefinida y con una retribución anual de 20 millones de pesetas.

En definitiva, que ni el Secretario General de la empresa ni el Sr. Escartín saben quién, cómo y en qué fecha se produjo su contratación.

5 i) Antes hubo una vinculación de Escartín con ACS.

6 b) La omisión de todo trámite de información pública está motivada por la voluntad de primar a la constructora con 7.000 millones de pesetas en medidas ambientales inexistentes, así como con el preocupante contenido de los informes de seguridad del embalse.

RESOLUCIÓN ESCANDALOSA

La Resolución aprueba un Proyecto, en la materia específica de los estudios sísmicos- reconoce escandalosamente que no se ha efectuado estudio alguno.

Se procede a aprobar definitivamente un proyecto sin realizar previamente los estudios sísmicos y estructurales necesarios y sin conocimiento suficiente de sus fundamentos geológicos, del que su ejecución conlleva un riesgo de catástrofe señalado por todos los informes.

Don Pascual Fernández viola frontalmente el Plan Nacional de Regadíos.

7.- En esta despatrimonalización del Estado a favor de sus intereses privados cobra transcendencia la actuación del Secretario de Estado de Aguas y Costas, D. Benigno Blanco.

Mantiene en el año 1998 una singular afectación a las compañías eléctricas: A su pertenencia al Consejo de Administración de Endesa se añade los diversos apoderamientos que mantiene con relación al holding eléctrico Iberdrola.

"QUERIDA ELVIRA"

El intento de consecución a toda costa de fondos públicos para semejantes intereses. En aquella fecha remite a la Directora General de Presupuestos una carta --al parecer, reconocida oficialmente como auténtica-- del siguiente tenor:

Querida Elvira:

Tal y como planteamos en la reunión celebrada el pasado día 22 de junio en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y tras la reunión que mantuvimos con el vicepresidente segundo el siguiente día 25, el Ministerio de Medio Ambiente ha empezado a organizarse para garantizar una correcta ejecución, formando un equipo extraordinario conforme a las especificaciones del documento que te adjunto como Anexo I. A partir del 5 de julio te haré llegar un parte semanal de la evolución de los trabajos, a fin de que tengáis información permanente de cómo vamos y, en su caso, de las dificultades que puedan surgir.

Como recordarás, en la citada reunión del día 22 os planteamos la conveniencia de que este año procedamos a la licitación y/o contratación de las obras y trabajos a que ser refiere el listado adjunto como Anexo II, que pusimos sobre la mesa en la misma reunión de trabajo. El Interventor General no apreció, en a principio, que existiesen dificultades para una laminación en el tiempo de las anualidades correspondientes, de forma que en el año 98 se trate de un compromiso simbólico, en el 99, de una retención pequeña y asumible, y en el año 2000 se empiece a certificar en serio a partir del comienzo del Ejercicio.

Con este planteamiento, como recordarás, pretendemos hacer frente a los siguientes objetivos: atender urgencias "políticas" mas inexcusables en el año preelectoral y de acuerdo con nuestras alianzas parlamentarias; mantener un control riguroso en la generación de nuevas obligaciones, de vuestra mano y bajo la supervisión presupuestaria exigible; evitar llegar al año 2000 con un Presupuesto disponible y no ejecutable por carencia de contratos vivos.

Te agradecería me des tu opinión --previas las conversaciones o informaciones adicionales que juzgues convenientes-- a la mayor brevedad posible sobre ese tema pues, si es planteamiento es aceptable, me gustaría aprovechar los meses que restan de este Ejercicio para actuar, dado que el horizonte electoral me obliga a rentabilizar al máximo lo que sea posible poner en marcha sin demoras innecesarias dentro de lo presupuestariamente encajable.

Querida Elvira, te pido perdón por ser tan pesado, pero aún me quedan algunos temas que plantearte. ¡Paciencia con este pedigüeño!

Como sabes, tenemos también pendiente lograr una solución para la expropiación del Salto de Millares, que posibilite el llenado de la Presa de Tous. Yo, por mi relación laboral con Iberdrola antes de ser Secretario de Estado de Aguas y Costas, no estoy interviniendo en las negociaciones para convenir con la empresa eléctrica una solución definitiva del contencioso existente. Sin embargo, mi abstención, por ética e incompatibilidad, en este asunto, no puede ser obstáculo para que te haga llegar mi preocupación institucional por la objetiva situación de riesgo para bienes y personas en que nos encontraríamos si, para septiembre, no podemos llenar Tous. Ni puedo, ni debo intervenir en las soluciones concretas que se arbitren, pero sí creo que esta circunstancia personal no debe convertirse en una falta de impulso político por mi parte, a que se logre una solución urgente pues objetivamente el Estado no puede mantener una presa acabada de materiales sueltos, sin ensayar un llenado controlado y a expensas del clima y las gotas frías.

Te agradecería, por razones de seguridad pública y en el ámbito de tus competencias, la máxima disponibilidad y esfuerzo para que se desbloquee este tema.

Sé que dejas el Consejo de ACESA. Me entristece esta decisión porque creo que en el proceso de puesta en marcha de estas Sociedades tu aportación era muy importante para mí, una tranquilidad; pero supongo que no existe otra solución. ¡Lo siento!

Perdona Elvira, la lata que te da este pesado Secretario de Estado. Sé que comprendes que debo empujar y pelear nuestros temas, con toda lealtad a la política económica del Gobierno pero, a la vez, con la apasionada responsabilidad de esta pequeña parte de las políticas sectoriales.

¡Gracias! Un abrazo.

Benigno Blanco."

Como se ve, son los intereses --absolutamente ajenos al Estado de Derecho-- los que se manifiesta, desvergonzantemente, que determinan el gasto público.

Prácticamente con carácter inmediato a la recepción de la numerosa documentación que ha sido analizada en el presente escrito, el señor letrado del Estado ha interesado nuevamente el sobreseimiento. Como se infiere del presente escrito, tanto la documental aportada como los atestados policiales incorporados contribuyen a fijar decisivamente los hechos objeto de instrucción.

RECLAMACIÓN DEL FISCAL

Para conseguir la completa valoración penal de aquellas conductas en el momento procesal oportuno, es necesaria la práctica inmediata de las diligencias que se indican:

1) Ofíciese a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, a fin de que remita a la mayor brevedad testimonio de la siguiente documentación.

3) Con relación al señor Escartín, se aporte testimonio de la documental existente en el Registro de Actividades de Altos Cargos con relación a la declaración obligatoria. Asimismo, de la Declaración de Bienes y Derechos.

5) Ofíciese mandamiento de entrega a la Unidad Económica de la Comisaría Central de Policía Judicial. Mediante la personación en la oficinas de las entidades B&S Ingeniería y Euroestudios SA, se proceda a la incorporación al presente procedimiento de los siguientes documentos.

6) Ofíciese a la Unidad Económica de la Comisaría Central de la Policía Judicial, los señores Escartín, Sancho, Zueco, Uceda, Núñez y Barbany. Realícese investigación económica de los bienes patrimoniales de las sociedades mercantiles en las que ostenten --ellos o sus cónyuges y familiares en primer grado-- cargos de representación.

7)Apórtese a la Agencia Tributaria, la Declaración Anual de Operaciones desde 1996 a la actualidad.

8) Ofíciese a la representación de la Unesco ante el Estado Español en el Ministerio de Cultura y Asuntos Exteriores --a los efectos de que se aporte testimonio de toda comunicación relativa al proyectado recrecimiento del embalse de Yesa y a las afecciones del Camino de Santiago.